En 1883 le pidieron al historiador ruso Nicolás Karamzin que definiera a su país, y tras un minuto de reflexión, dijo: ” Robos”. Treinta años después le preguntaron al historiador brasileño Capistrano de Abreu que definiera su país y la respuesta fue ” Samba”. Si hoy le preguntásemos a un cronista español que defina la Administración Pública española, la respuesta sería ” Corrupción.. y …Samba”, porque por desgracia la inmensa mayoría de los corruptos que se aprovechan de la Administración acaban saliéndose con la suya y riéndose del respetable.
Al fin y al cabo, estos modernos “capos” cuentan con medios, consiglieris y poder para diseñar sistemas de corrupción escurridizos (ingeniería contable, fiscal y societaria). Cuentan con fondos para pagar los honorarios por la mejor defensa judicial y sobre todo cuentan con medios para esfumar el fruto de sus fechorías.
De este modo, la justicia penal, o no llega (entre impuridades, evasiones y prescripciones, parodiando al Gran Capitán ” se van mil millones” ) o llega tarde y mal ( condenas testimoniales y a largo plazo). Ello sin olvidar los enormes costes de instrucciones judiciales laboriosas que pagamos todos los contribuyentes.
1. Asi, el escalofriante panorama de corrupción que han reflejado los titulares periodísticos de los últimos años (período 2002-2008) se ha visto agravado por el actual vendaval de corrupción que atraviesa este trimestre España ( Ayuntamiento de Santa Coloma, Ayuntamiento de El Ejido, Palau de Barcelona, trama Gurtel, etc.), comentado ingeniosamente por Antonio Arias en un reciente post.
Las ovejas negras están acabando con la reputación del rebaño: la clase política que, en general está formada por personas honradas y bienintencionadas, aunque también en general hemos de señalar que son sensibles a las comodidades propias de las vacas sagradas. Desde otra perspectiva, también los corruptos minan la credibilidad del ciudadano en las instituciones. Hora es de echar a los mercaderes del Templo.
A juicio de Sevach, tres son las cuestiones apremiantes que un Estado de Derecho que se precie de una Administración saneada, no puede obviar.
2. En primer lugar, coordinar normativa y funcionalmente el Tribunal de Cuentas ( y homólogos autonómicos), la Justicia administrativa y la Justicia Penal.
No es de recibo que los Tribunales de Cuentas aprueben informes que alertan del fuego de las ilegalidades, y que sean olímpicamente ignorados y archivados, aunque posteriormente la tierra quemada por los corruptos den la razón a sus advertencias (muerto el buey: la cebada al rabo, como el caso de Santa Coloma, donde la prensa se hace eco de que ya la Sindicatura de Cuentas había avisado de que “algo olía mal” en la corporación, pero la Generalitat miró para otro lado).
No es de recibo que se sucedan sentencias firmes de lo contencioso-administrativo anulando en una misma Corporación sus operaciones de planeamiento urbanístico, o sus decisiones sobre reclutamiento de personal, una y otra vez, sin que se tomen medidas frente a la felonía continua y contumaz (caso Marbella).
No es de recibo que la Justicia Penal actúe con florete y jueces sobresaturados de trabajo, mientras los delincuentes actúan con abogados de sable cortante y minuta de Dubai.
3. En segundo lugar, cabe preguntarse:¿ qué tienen en común los escándalos de Marbella, Santa Coloma, El Ejido y el Palau?. Pues, que en todos los casos, se han utilizado, o abusado mas bien, de sociedades de capital público o fundaciones que, so pretexto del régimen privado ( liberado de controles rigurosos) y so pretexto de la contratación de mirlos blanco no funcionarios ( supuestos águilas de la gestión) han servido de tapadera y buque pirata con pabellón de su Majestad la Administración matriz.
Hora es de fijar claramente las reglas del juego de la creación de tales entidades instrumentales, de fijar criterios reales objetivos para controlar nombramientos y actos de disposición. Nada de principios y códigos de buen gobierno que sólo sirven para adornar. Nada de auditorías que nadie lee porque nadie se las cree. Nada de atrincherarse en la privatización como panacea para la eficacia. Se trata de algo tan clásico y efectivo como aprobar normas imperativas y tajantes, con consecuencias punitivas por incumplimiento. Y fijar ámbitos, servicios y funciones donde no puede tener entrada la gestión o encomienda por sociedad o fundación pública alguna. Así de claro. Cuando se crea una sociedad o fundación públicas, posiblemente todos están bienintencionados, pero pronto cobran vida propia y se emancipan de su creador. Resultan intolerables algunos “holdings” de Fundaciones y Sociedades que cuelgan de la Administración como parásitos que hay que alimentar para evitar la imagen del fracaso y que hay que vender como escaparate de la eficiencia.
Mas que huida del Derecho Administrativo, esas entidades se han burlado del Derecho Administrativo. Y ello con la complacencia política. Quizás hay políticos que no están interesados en solucionar este problema ya que algunas Sociedades y Fundaciones Públicas son el pesebre donde alojar las posaderas propias o de los amigos, o donde canalizar contrataciones inconfesables. Es cierto que la inmensa mayoría de las sociedades y fundaciones públicas son impecables y por eso nada tendrían que temer a intensificar los controles de forma real, pues las ovejas negras están gordas y contagiando al rebaño.
4. En tercer lugar, en los casos de corrupción parece que, pese a detener al responsable y algún que otro testaferro, el dinero fruto de las fechorías se evapora (¿paraísos fiscales o infiernos terrenales?). Lo cierto es que no existen medidas legales que, de forma similar a las adoptadas en los casos de los narcotraficantes, permitan el comiso instantáneo del patrimonio del corrupto y de las sociedades instrumentales cuando consten pruebas de su vinculación u origen con el delito. Ello unido, claro está, a la necesaria prohibición de todo beneficio penal en tanto afloren los fondos desviados o exista explicación legítima de su destino.
P.D. El Diario El Mundo publicó el 1/11/2009 un interesante Decálogo para que los corruptos no nos sigan saqueando, que podéis hallar aquí.
En materia urbanística, a Sevach le parece especialmente interesante la medida propuesta por Entrena Cuesta, Catedrático de Derecho Administrativo: ” Una Ley de Armonización desde la sencillez, el automatismo y el silencio positivo, atajando la discrecionalidad”. No se puede decir más con menos.